“El derecho al aborto es una demanda por justicia en una democracia laica. Es prioritariamente una cuestión de derechos humanos y de salud pública” (Diniz, D. 2008)
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, resolvió en pasado 7 de septiembre la inconstitucionalidad del aborto.
Por unanimidad de diez votos establecieron que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Por muchos años, las mujeres han sido consideradas criminales por decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
La criminalización del aborto materializa la idea de que las mujeres estamos obligadas a ser madres, una idea mayormente religiosa que se ha sobrepuesto a los derechos reproductivos y la obligación del Estado de declarar y garantizar tales derechos.
La criminalización impacta a las personas gestantes que enfrentan procesos penales y también a aquellas que con un embarazo no deseado deben acudir a un aborto clandestino, a aquellas que deben continuar con un embarazo no deseado. La criminalización es incluso desde las instituciones y de la familia o amigos.
El Grupo de Información en Reproducción elegida (GIRE) obtuvo información de que entre enero del 2007 y diciembre de 2016 había 4,246 denuncias por aborto. Solicitó a cada estado de la República datos precisos sobre los juicios penales y sobre las sentencias. De los primeros se reportaron de 2007 a 2016 531 y de los segundos 228. De ellas, 53 se encontraban en prisión definitiva.
En Tlaxcala los reportes obtenidos por GIRE apuntan a 5 juicios penales, información inexistente sobre las sentencias, 20 denuncias y 1 mujer en prisión definitiva.
El Código penal de Tlaxcala desde el 2013 establece que se impondrán de quince días a dos meses de prisión y multa de 18 a 36 días de salario a la madre que voluntariamente procure el aborto. La misma pena aplica para al que la haga abortar por solicitud de la misma. Y si es profesional como médico, cirujano, comadrón o patera se considera incluso la suspensión de su profesión.
Con las excepciones que existen desde el 2015, las penas no aplican en todos los casos. La interrupción del embarazo resultado de violación o por inseminación artificial no consentida o por conducta culposa de la mujer embarazada excluye la responsabilidad.
De acuerdo con el ministro Luis María Aguilar, aunque estén vigentes esos códigos y sigan sin derogarse, de todos los modos los jueces no pueden ya condenar a una mujer a la cárcel o a una sanción penal porque ya existe la jurisprudencia de la Corte. A pesar de la resolución de la SCJN, la legislatura del Estado con mayoría de la 4T tiene en su inicio de representación debería tener en su agenda despenalizar el aborto.
Ojalá dicha resolución sea el inicio de la declaración y garantía de derechos reproductivos y de salud para las mujeres porque mientras el aborto se siga considerando un delito y no un servicio de salud, las creencias, prejuicios y miedos atentarán contra el deseo de las mujeres de ejercer su derecho en un espacio profesional, libre y seguro. Cientos de mujeres seguirán siendo encarceladas y otras más morirán en condiciones clandestinas. Poco a poco, pero al mismo tiempo con prisa y urgencia, México deberá pintarse de verde.
Facebook y Twitter: @marmenesesva
Esta columna fue publicado en: https://www.martinrodriguezhernandez.com/opinion/aborto-es-una-demanda-por-justicia?fbclid=IwAR1h59w_rY9MoMrxXrV3oCbadO6XzU5SyYve6dqBekYgZCa5gxGHfmfnsmQ
Fuentes consultadas: Suprema corte declara inconstitucional la criminalización total del aborto. (2021). Comunicado de Prensa SCJN. Recuperado de: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579 Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México. (2018). GIRE. Recuperado de: https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
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