La sociología rural ha sido poco visible incluso desde sus orígenes, el campo no ha sido prioridad ni en atención científica ni de políticas públicas sino todo lo contrario; su atención y referencia suele ser despectiva. El saber especializado sirvió para “registrar las pautas de conducta colectiva y prácticas tópicas con el fin de erradicarlas mejor y, eventualmente, permitir la museificación de las particularidades culturales”. La hegemonía como motor de la civilización.
En este sentido, las políticas públicas sirvieron en una época de apogeo neoliberal, para erradicar aquello que parecía “no civilizado” y convertirlo en algo realmente útil a los ojos del capital, un espacio que sirviera a la producción. Entonces las zonas rurales han sido apropiadas por acuerdo institucional bajo el discurso de “modernizar”, “incluir”, “apoyar” o “hacer sostenible” dichas zonas. Cuando los campesinos comienzan a resistirse a la “modernización” es porque han comprendido lo que implica para ellos mismos: el despojo.
El sociólogo rural veracruzano, Manuel Hernández Pérez escribe en Megaproyectos y acción colectiva: acumulación por desposesión en el centro de Veracruz que empresas extractivistas han penetrado sigilosamente marcando sus caminos, realizando estudios y convenciendo a autoridades locales.
Estos proyectos de empresas mineras, extractivistas de agua o deforestadoras se expanden y se mantienen en el territorio mexicano. Uno de los territorios apropiados por una empresa privada es la generadora hidroeléctrica El Naranjal, Gabriela Sáinz integrante del colectivo en contra del proyecto mencionó que “El proyecto es ajeno a las necesidades que tiene la población. No va a fortalecer la economía local. Los campesinos, los que siembran la tierra, los que la trabajan, no van a ser los primeros en tener esos puestos, se los van a dar a gente que venga calificada. Entonces que no nos hablen de que va a haber empleo” (2014).
Lo mismo pasa en todos los megaproyectos que buscan despojar a los campesinos de sus territorios, los mismos que les brindan un techo, una historia, identidad, alimentos y seguridad. Quienes resisten ante los megaproyectos a menudo son amenazados, intimidados, arrestados e incluso asesinados.
En una plática con Manuel Hernández Pérez, reconoce que estas prácticas de intimidación las cuales han sido históricamente comunes en México por parte del gobierno y militares, ahora son hechas por las mismas empresas. Son estas quienes pagan los medios para acechar a los colectivos y activistas.
Lo anterior explica la situación por la que pasa Don Roberto, campesino de Zacatecas y quien se ha negado desde 2016 a entregar sus tierras a la minera Ocampo de Grupo Fisco, propiedad de Carlos Slim. Don Roberto es el único que queda habitando Sala er a al noroeste de Zacatecas. “Jamás agarré el dinero para que destruyan a mi pueblo y que envenenen la tierra, el aire y el agua”, afirmó (Olvera. D. 2022).
Ahora en vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa Ocampo, su audiencia podría determinar hasta cinco años de prisión. De ser encarcelado, entonces la empresa seguirá adelante con el proyecto minero. Los pobladores y Don Roberto, según el reportaje de Dulce Olvera para Sin embargo, están molestos por la relación cercana de Slim con el presidente mexicano.
Las relaciones de poder político, poder económico e incluso legal le ha proporcionado a este y otros empresarios la capacidad e impunidad para despojar de tierras a los campesinos. El argumento: el campo necesita ser modernizado.
Esta columna fue publicada en:www.martinrodriguezhernandez.com
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